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Lucha de profesores de la U. de Antioquia

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-Un ejemplo de lucha por la dignidad de la docencia y de la Universidad-

En la reunión del Comité Ejecutivo de Fenalprou del mes de octubre de 2012, se alertó a todos los miembros sobre las posibles nefastas implicaciones del proyecto de Reforma Tributaria presentado por el Presidente Juan Manuel Santos. El proyecto había sido ambientado desde el mes de abril por el Presidente Santos y el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pero se inscribió el 4 de octubre, en el último trimestre, con mensaje de urgencia con el fin de darle un trámite rápido y sin mayor oposición.

En la Universidad de Antioquia supimos que la administración había conformado una Comisión Especial para estudiar las implicaciones del mencionado proyecto. Contactamos a uno de sus integrantes, la Contadora de la U.de A., con quien intercambiamos puntos de vista sobre si el proyecto eliminaba o no la exclusión de los Gastos de Representación, en el cálculo del impuesto a la renta del profesorado universitario.

Estando seguros de que el proyecto sí eliminaba los gastos de representación, la Asociación de Profesores de la U. de A., ASOPRUDEA, empezó un trabajo sistemático de dar a conocer las implicaciones del proyecto en los salarios de los docentes en diferentes comunicados y claustros de profesores.

El rector de la U. de A. difundió los resultados de la comisión entre los integrantes del SUE y su presidente, el Dr. Luis Enrique Arango, elaboró un comunicado donde alertaba a todos los rectores y a los docentes del peligro que se avecinaba. Por la misma época el rector de la Universidad Nacional, Dr. Luís Ignacio Mantilla produjo otro comunicado similar y proponía su no aplicación a las universidades públicas.

El mecanismo aprobado por las sesiones conjuntas de las Comisiones III de Senado y Cámara implicaba la realización de ocho foros regionales. En los foros de Medellín y Bucaramanga, representantes de los profesores presentaron sus ponencias y oficialmente solicitaron la inclusión en el proyecto de los Gastos de Representación como rentas exentas, manteniendo así este estímulo a la docencia universitaria en las universidades estatales.

Paralelamente se estaba dando otra situación particular: la administración de la U. de A. colgó en la página web el Proceso de Transformación Organizacional –PTO-, y empezaron a llegar a ASOPRUDEA quejas por traslados inconsultos de empleados administrativos. ASOPRUDEA asume la tarea de estudiar todo lo actuado por el Consejo Superior Universitario –CSU- y la Rectoría respecto a los cambios administrativos en la nueva estructura adoptada, reflejada en el Mapa Orgánico de Procesos –MOP-, que redefine los funciones misionales de docencia, investigación, extensión y bienestar como macroprocesos operativos y como macroprocesos habilitadores a las de apoyo -financiación, infraestructura y personal administrativo-.

En el estudio del PTO encontramos lo siguiente: la realización de un proceso de transformación organizacional exógeno sin la participación de profesores y estudiantes; el desdibujamiento de la idea de universidad; el cambio de la Universidad como institución a organización del mercado; el desconocimiento del carácter público y político de la Universidad; la irrupción de un lenguaje gerencialista que trata a los docentes y empleados como “Socios de Valor” y a los estudiantes y sociedad como “Usuarios” o “Clientes”; la pérdida del sentido de gobernabilidad y de democracia propio de las universidades; la concepción utilitaria de la autonomía universitaria en cabeza del CSU; la regulación y control excesivos de los procesos académicos y administrativos; el orden de lo administrativo impuesto por sobre el orden de lo académico; y el crecimiento de la burocracia administrativa y sus efectos salariales.

Luego de innumerables comunicados sobre la Reforma Tributaria y el PTO y de conferencias y claustros sobre ambos temas se decide por la Junta Directiva de ASOPRUDEA la realización de una Asamblea General para el 27 de noviembre. En forma masiva dicha asamblea rechaza tanto la eliminación de los Gastos de Representación como el proceso de transformación organizacional que estaba siendo implementado por las directivas. En forma casi unánime, sin votos en contra y con unas pocas abstenciones, el profesorado declara la Asamblea Permanente, inicialmente por 48 horas. Se citan asambleas temáticas para tratar a fondo ambos temas y en una de ellas sobre la Reforma Tributaria, el profesorado extiende la Asamblea Permanente por una semana más, aprueba financiar un comunicado nacional en El Tiempo en rechazo a la eliminación de los gastos de representación de la Reforma Tributaria y exige la suspensión del proceso de transformación interno.

profes-refTributaria

Nacionalmente se dieron otras situaciones: los profesores de la Universidad Industrial de Santander también se declaran en Asamblea Permanente en rechazo a la eliminación de los gastos de representación y también publican un comunicado en El Tiempo. La reunión ordinaria del SUE aprueba también sacar otro comunicado nacional rechazando la eliminación de los gastos de representación y solicitando mayor financiación dado el déficit acumulado de las universidades estatales. Tan grande fue la presión que hasta la Ministra María Fernanda Campo salió a defender, en sus declaraciones a la prensa la exención, para el cálculo del IMAN, del 50% del los salarios de los docentes.

Entre el 4 de octubre y el 10 de diciembre circularon cuatro versiones de modificaciones a la reforma. Sobre todas ellas se pronunció el profesorado de la U. de A. y simultáneamente se pronunciaba FENALPROU llamando a la acción colectiva del profesorado universitario para enfrentar la reforma y además, en una comunicación dirigida a los Congresistas, pidió la no eliminación de dicha prerrogativa. En la quinta, el texto final conciliado entre el 20 y 21 de diciembre, se incluyeron los Gastos de Representación como Rentas Exentas en el nuevo impuesto IMAN o en su versión simplificada IMAS. La movilización del profesorado de la U.de A. y de la UIS, los buenos oficios de los rectores del SUE y el lobby que rectores y docentes de varias universidades realizaron con los parlamentarios de sus regiones dieron frutos: El decreto fue firmado por el Presidente Santos el 26 de diciembre y se convirtió en la Ley 1607.

Fue la lucha decidida y valerosa de los docentes de la U.de A. y de la UIS, ambas organizaciones civiles integrantes de FENALPROU, en una época, de navidad y de vacaciones, muy difícil para la movilización como es el mes de diciembre. En contraste con ello vale la pena reseñar que la Junta Directiva Nacional de ASPU, la organización nacional sindical que también agremia a profesores universitarios, en un comunicado público desestimó las advertencias que desde distintas fuentes hacíamos sobre el golpe que se avecinaba en materia impositiva para los docentes de las universidades estatales con la reforma, matizado con un tímido llamado a “declarar el estado de alerta”. Se demostró una vez más que no importa el carácter de la organización sino que su movilización civilizada, pacífica, argumentada y decidida es la que permite arrancarle al gobierno nuevos derechos o mantener los pocos que nos quedan. Los profesores universitarios mantuvimos los gastos de representación y las universidades estatales consiguieron dos cosas: el 40% del 1% de la Contribución para la Renta con Equidad, CREE y el descuento del 175% para todas aquellas donaciones de personas naturales y jurídicas para matrículas, sostenimiento y compra de libros.

Pero la Asamblea Permanente de la U. de A. no paró allí. Hubo de esperar hasta el 18 de enero para que las directivas aprobaran detener el proceso de transformación y aprobar un trabajo conjunto de profesores, administrativos, estudiantes, trabajadores, empleados y jubilados para revisar lo actuado y definir democráticamente lo que deben ser los procesos misionales y los de apoyo para que sea la academia la que prime sobre lo administrativo y no al contario. En este proceso nos embarcamos en el primer semestre del 2013.

Jorge Aristizábal Ossa - Tesorero Asoprudea

José Joaquín García García - Vocal Principal Asoprudea

Miembros del Comité Ejecutivo de Fenalprou.

Acerca del Estudio, sobre desfinanciamiento de las U.Públicas, del SUE

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JORGE ARISTIZÁBAL OSSA Junta Directiva Asoprudea - ISNARDO GRANDAS RINCÓN Junta Directiva Aspu Boyacá. Miembros del Comité Ejecutivo de Fenalprou

desfinanciamiento-edusuperiorEn diciembre de 2012 el Sistema de Universidades Estatales SUE, publicó el estudio “Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia. La realidad de la crisis en el sistema de financiación de las Universidades Estatales”. El estudio fue realizado por una Comisión de los Vicerrectores Administrativos y Financieros de estas universidades (Tecnológica de Pereira, Nacional, Antioquia, Valle, Caldas, Magdalena, Industrial de Santander y Cauca), recogiendo la información histórica, desde 1993 a 2011, de 28 de las 32 universidades estatales existentes.

El estudio consta de dos fases. Fase I: analiza el impacto económico de diferentes leyes, normas, decretos y sentencias de las cortes producidas en dicho período en materia de contratación laboral que creaban nuevas obligaciones a las universidades sin un aporte de la Nación para el cumplimiento de esas normas. Esta parte cubría el período entre los años 1993 y 2009. Posteriormente se amplió para llegar hasta el 2011.

A continuación se reproduce la síntesis de la Fase I, de la página 32 del citado estudio. (Para los detalles se recomienda analizar cada ítem del estudio original).

EstFase1

El déficit acumulado en esos 19 años, en solo materia laboral, supera el billón doscientos mil millones de pesos. En 2009 este estudio fue el soporte de la solicitud del SUE de recursos adicionales tanto al presidente Uribe Vélez como a Juan Manuel Santos posteriormente. Alrededor de $ 160.000 millones, una cifra exigua, se lograron y fueron girados en un lapso de tres años. Vino la presentación de un proyecto de reforma total de la Ley 30 en 2011, la movilización de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, el retiro del proyecto, y la solicitud de nuevos recursos.

En 2012 el SUE se compromete con la Ministra de Educación a realizar un estudio más completo que “sirviera de base para la construcción de un modelo que le diera solución al desfinanciamiento estructural en términos de mediano y largo plazo (Estudio, página 10). Es la Fase II del citado estudio entregado a comienzos de diciembre de 2012.

A continuación se reproduce la síntesis de la Fase II. Página 46 del estudio.

EstFase2

En esta segunda fase se analizan otros aspectos que no fueron incluidos en la Fase I: la ampliación de la cobertura estudiantil (con un crecimiento del 233% al pasar de 158.000 estudiantes en 1993 a 529.000 en 2011, en pregrado y del 76% en posgrado), la formación doctoral, los grupos de investigación, las necesidades de nueva infraestructura y de recursos de apoyo, la incorporación de nuevas tecnologías, las necesidades de bienestar universitario y los gastos administrativos generados por la acreditación, el mantenimiento la infraestructura y equipos y los servicios públicos e impuestos.

Como puede verse las necesidades reales de la universidades estatales en estos 19 años requirieron de una inversión no girada de $ 18.72 billones a lo que las universidades de sus propios recursos aportaron $ 7.57 billones, generándose un déficit total acumulado a la fecha de $ 11.15 billones. Con estas cifras se debería alcanzar las metas del 70% del profesorado de planta, el 20% de cátedra y el 10% ocasional y una infraestructura adecuada para que la comunidad universitaria tenga los parámetros mínimos requeridos internacionalmente.

Hasta aquí podemos concluir que el desfinanciamiento es real. Que el estudio es valioso en señalar y cuantificar sus causas.

Lo que no dicen los Rectores del SUE ni los Vicerrectores Administrativos y Financieros de la Comisión que realizó el estudio, es que las universidades, para resolver el problema de desfinanciamiento, lenta y sistemáticamente fueron aplicando una política estatal adversa a la calidad y cientificidad de la educación superior llevándola a su grave situación actual. Entre esas medidas podemos mencionar las siguientes:

1. Disminuyeron los profesores de planta y su vinculación a los pregrados para trasladar los pocos que quedaron a la investigación, los posgrados, la venta de servicios, y la extensión comercial. Simultáneamente aumentaron drásticamente el profesorado ocasional y principalmente los catedráticos, con cargas académicas exageradas y condiciones de contratación precarizadas, para servir los pregrados causando su deterioro en calidad. Dice el estudio: “el sistema requiere convertir 7.790 de sus docentes ocasionales a docentes de planta, es decir, aumentar de 11.425 a 19.215 el número de docentes de planta, disminuyendo en contrapartida el personal ocasional de 5.611 a 2.638 docentes y el personal catedrático de 11.564 a 4.523 docentes catedráticos en equivalencia a tiempo completo”. (Página 35).

2. Elevaron las matrículas en casi todos los pregrados (excepto honroso de algunas grandes universidades) y en todos los posgrados que hoy son tan costosos como en las universidades privadas.

3. Acabaron, también paulatinamente, con los programas de bienestar estudiantil y universitario, caso de los restaurantes que fueron disminuidos o eliminados, las residencias estudiantiles, los subsidios y ayudas al estudiantado y las becas a los estudiantes destacados.

4. Aceptaron mansamente la ampliación de cobertura sin financiación adicional en una carrera extenuante por los pocos recursos adicionales que garantizaba el Artículo 87 de la Ley 30.

5. Aumentaron desmedidamente la venta de todo tipo de servicios tales como asesorías, consultorías e investigación tecnológica contratada.

6. Crearon entidades de diversa índole para competir por recursos estatales como la Corporación Interuniversitaria de Servicios, CIS y el Alma Mater del eje cafetero, amén de otra infinidad de actividades que las convertían en intermediarios de recursos estatales de la cual sacaban pingues rendimientos.

7. Favorecer e implementar las políticas del Ministerio de Educación Nacional en cuanto al deterioro en la calidad de los programas tales como la formación por competencias, la educación virtual, el acortamiento en la duración de las carreras, la eliminación de asignaturas de “relleno” entre otras.

8. Promover el crédito educativo a través del sistema financiero, recomendación explícita del Banco Mundial y la OCDE.

9. Se sustituyeron medios de publicación desde las universidades, por la venta de fotocopias en el interior y vecindad de cada universidad.

10. La capacitación del profesorado mediante comisiones de estudio para posgrados se hacen más exigentes. Igual para otras formas y niveles de formación.

11. La financiación a la investigación disminuyó drásticamente; los recursos disponibles se atomizan con impactos sobre los productos y la calidad de la misma.

El estudio de la Comisión presentó sus propuestas (páginas 48 a 58); en síntesis hacen unas 15 propuestas, que a continuación enumeraremos y analizaremos:

1. Sistema salarial y prestacional: consideran que los Decretos 1444 y 1279 permiten el crecimiento ilimitado de los salarios de los docentes. Proponen ponerle un tope. Y mientras tanto, hasta que se implemente esta medida, que el presupuesto base crezca en un 7% adicional al IPC para cubrir el déficit acumulado de 1.2 billones. Esto es inaceptable y supremamente reaccionario pues quieren perratear o flexibilizar más aún, los escasos ingresos de los pocos profesores de planta que quedan.

2. Cajas de Compensación: proponen que a las universidades públicas se las exonere de la contribución del 4% para las cajas de compensación. Ya acabaron con casi todo el bienestar universitario y quieren quitarle este derecho, no cumplido por todas ellas, a los empleados, docentes y trabajadores.

3. Entidades territoriales: proponen un nuevo impuesto del 1% de los ingresos tributarios de las entidades territoriales. Más obligaciones para unas entidades con pocos recursos dado el recorte a las transferencias y a las regalías.

Estos tres puntos anteriores son inaceptables para el profesorado. En el primero proponen recortarle derechos a los docentes, en el segundo dejar más desprotegidos aún a los empleados, trabajadores y profesores. En el tercero, para cubrir en parte el déficit acumulado proponen un nuevo impuesto a los entes territoriales que se descargaría sobre toda la población.

Otros puntos, que estaban incluidos en el Proyecto de reforma total de la Ley 30, son:

4. Otras necesidades: para cubrir otras obligaciones proponen el IPC más 3%. 50% directo a la base presupuestal de cada universidad y el otro 50% desglosado según lo invertido por cada universidad. Otro ítem para el lobby.

5. Incrementar los recursos adicionales: de acuerdo al crecimiento del PIB existan recursos adicionales del 30% para crecimiento entre el 0% y el 5%; el 40% del PIB para crecimiento entre 5% y 7.5% y el 50% del PIB para crecimientos mayores. Tal como lo estipulaba el proyecto.

En el análisis de la propuesta de reforma de la Ley 30 se discutió la imperiosa necesidad de acabar con los recursos adicionales que se prestaban para el manejo por parte del MEN y para el lobby de los rectores para conseguirlos. El aporte de la Nación debe ser único y girado directamente a las universidades y no segmentado en presupuesto base y recursos adicionales que maneja el MEN.

Otros puntos propuestos por el estudio son los siguientes:

6. Incrementos anuales de la base presupuestal: proponen que siempre sea el mayor de los dos incrementos, el IPC o el incremento en el SMMLV. Para obviar el déficit producido cuando se incrementa con base en uno siendo el otro mayor.

7. 2% de fomento a la educación superior: este descuento debe ser girado directamente a las universidades y debe aumentar la base presupuestal.

8. Doctorados: para cubrir el déficit de doctores proponen crear un Plan Nacional de Formación Doctoral sin definir quién sería el responsable de su financiación, unos $ 2.1 billones.

9. Infraestructura física: proponen unos Proyectos de Construcción concertados entre el MEN y el SUE para responder a las necesidades de planta física, unos $ 5.6 billones.

10. TIC: que el MEN y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones respondan por las necesidades de estas tecnologías, unos $ 335.000 millones.

11. Pasivos y obligaciones laborales: que sean asumidas directamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

12. Nuevas normas: cuando el Congreso, el Gobierno o las Cortes emitan nuevas normas que crean nuevas obligaciones a las universidades proponen que directamente sean asumidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

13. Exención de impuestos: proponen que las Universidades sean exentas de todo tipo de tasa, impuesto y gravamen de cualquier orden.

14. Canasta educativa: Proponen que un plazo de cinco años, el SUE, el MEN, el MinHacienda, el DANE y Planeación Nacional creen la canasta educativa para ser tenida en cuenta en los presupuestos anuales.

15. Cuota de auditaje: proponen que esta cuota que recibe la Contraloría General de la República por sus labores de control fiscal sean asumidos por el MinHacienda.

Sobre estas diez propuestas podemos decir que reflejan la necesidad de que la Nación asuma el financiamiento pleno de estas necesidades. En principios estamos de acuerdo pues mejorarían grandemente las finanzas de la Universidades. No son fáciles de conseguir. Se requiere la lucha unificada de toda la comunidad universitaria para lograrlos. En la Exposición de Motivos y en el Proyecto de Articulado de la MANE muchos de ellos están tácita o implícitamente incorporados.

La grave situación no solo financiera de las universidades está reflejada en todo lo escrito en los párrafos anteriores. La crisis es total. De ahí la vigencia del programa de seis puntos de la MANE, de su Exposición de Motivos y del Proyecto de Articulado de una nueva ley, que construida con los aportes de los docentes de diferentes universidades públicas y privadas del país, se está abriendo camino. Su presentación oficial a finales de abril abre un nuevo camino de análisis, debates, discusión y movilización para toda la comunidad universitaria en procura de hacer realidad la consigna de la MANE de “Por una nueva educación para un país con soberanía, democracia y paz”.

ASCUN - Declaración del Consejo Nacional de Rectores

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Abril 3 de 2013 El Consejo Nacional de Rectores de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN reunido ordinariamente los días 11 y 12 de marzo de 2013 en la ciudad de Manizales, con relación al estado actual y la perspectiva de la educación superior en nuestro país, considera necesario expresar a la opinión pública lo siguiente:


1. La Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, que reúne 83 universidades e instituciones de educación superior estatales y privadas en equilibrio estatutario, durante sus más de 55 años de existencia ha mantenido un trabajo constante orientado al desarrollo y fortalecimiento de la educación superior, de la ciencia, la tecnología y la innovación y del impulso y compromiso con la investigación como una de las funciones sustantivas de la universidad. Igualmente, ha promovido el análisis y el debate sobre las diversas circunstancias determinantes en los cambios, la evolución y los desafíos de la educación superior en el mundo y especialmente en Colombia.
2. El Consejo Nacional de Rectores, como parte de su compromiso con la construcción de pensamiento universitario, asumió la tarea de aportar a la construcción de una nueva política pública que oriente un proyecto de reforma de la normatividad vigente que reglamenta el sector, especialmente, después de las discusiones planteadas con el reciente proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992. Luego de un año de trabajo, con el apoyo de varios grupos de consulta en los cuales participaron directivos, profesores e investigadores, en octubre de 2012 aprobó el documento: “Desarrollo humano sostenible y transformación de la sociedad. Política pública para la educación superior y agenda de la Universidad de cara al país que queremos”, que tiene una apuesta de educación superior con un sentido más trascendental en la vida y el futuro del país.
3. Este documento presenta a la comunidad universitaria y a la sociedad, una mirada que ayuda a comprender la potencialidad de la educación superior para contribuir al fortalecimiento de la sociedad, a través de la formación de ciudadanos responsables, y al desarrollo del país mediante el aprovechamiento de todo su potencial para la generación, difusión, apropiación y aplicación del conocimiento. La educación como bien público, pertenece a la sociedad en su conjunto y debe llegar a todo el territorio de la nación y a todas las poblaciones; como derecho, implica abrir oportunidades para quienes, con los méritos suficientes, puedan acceder a ella en condiciones de equidad, y como servicio, la exigencia de su prestación en condiciones de equidad y calidad.
4. Se reafirma en el documento la necesidad de continuar consolidando principios como el de la autonomía universitaria con plena conciencia de la responsabilidad que conlleva su reconocimiento, tanto para las instituciones como para el Gobierno y para la sociedad en general. Así mismo se afirma la necesidad que tiene nuestro país de contar con un verdadero sistema educativo que se oriente hacia una mayor calidad con equidad, articulado en sus distintos niveles y componentes; que valore la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares básicos para su desarrollo y el de sus instituciones estatales y privadas.
5. En la actualidad se reconoce que a nivel mundial, las políticas públicas se mueven en la línea de la competitividad que favorece el ingreso a la economía globalizada; en la educación superior no puede asumirse este enfoque sin la conciencia de sus implicaciones. Es por ello que se propone que la orientación de la nueva política pública para nuestro país lo haga expreso, y promueva la necesidad de su contribución al desarrollo humano sostenible y a la transformación de la sociedad, que conlleve a mejorar las condiciones de vida de la población.
6. La construcción de política pública en educación superior es fundamental para el sector universitario y demanda de éste propuestas, aportes y criterios. Pero no puede ser excluyente; requiere de la participación de todos los grupos interesados de la sociedad. Hay que valorar la opinión de grupos empresariales, organismos internacionales, sectores políticos y otros actores sociales que han presentado recientemente ante el Gobierno sus propuestas. Al entender que la educación superior es responsabilidad de todos, es necesario trascender los intereses individuales, para avanzar hacia un gran pacto nacional que fructifique en una nueva y real política pública para este nivel educativo en Colombia.
7. La Asociación adelanta un estudio comparado de las diferentes propuestas integrales formuladas por otros actores y desde ya se evidencia la complejidad del diálogo. Es importante que en este proceso de diálogo se haga explícito el pensamiento del Gobierno Nacional y el alcance que le dará al reciente informe de la OCDE-BM, en temas como, el mayor desarrollo de la autonomía universitaria, la figura de las instituciones con ánimo de lucro, el papel del Ministerio de Educación Nacional y otros asuntos que son críticos para lograr consenso frente a la educación superior que el país necesita, en la perspectiva de construcción de políticas públicas para el sector con un mayor impacto para su transformación.

La Asociación Colombiana de Universidades manifiesta abiertamente su disposición de participar de manera activa en este diálogo nacional sobre educación superior, hacia un acuerdo de voluntades que genere acciones concretas por parte del Gobierno Nacional, de las instituciones, de las comunidades educativas y de las distintas instituciones sociales en el camino de transformar la educación superior del país, para el beneficio de sus jóvenes y el futuro de la patria.

Anhelamos, igualmente, que Colombia pueda vivir algún día en paz, y aspiramos que sea pronto; es por ello que saludamos y respaldamos todas las iniciativas que se adelantan con este propósito, contando con las capacidades de nuestras universidades. Sobre este trascendental tema la Asociación continúa su análisis y en un futuro hará un pronunciamiento más extenso a través de sus órganos directivos.

Manizales, Marzo 12 de 2013

 

Gobierno no tiene ninguna propuesta de reforma a la Ley 30

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Abril 4/13 Así lo indicó la Viceministra de Educación Superior, Patricia Martínez Barrios, durante el segundo Diálogo Regional por la Educación Superior, que se realiza en Cúcuta y Bucaramanga, y en donde el Consejo Nacional de Educación Superior CESU lidera espacios de reflexión con miras a que, más allá de un texto de ley, el país dimensione cuál es la política de Estado que requiere en educación superior.

El CESU ha asumido el rol de coordinador de todas las propuestas y espacios de participación derivados de las propuestas de reforma a la Ley 30 de 1992, y sus miembros están participando en cada uno de los seis diálogos regionales programados para avanzar en el análisis de los temas. Además de esto, distitnas asociaciones, como SUE, ASCUN, Aciet y Colciencias, vienen desarrollando mesas temáticas especializadas, que más el aporte de estudios técnicos de expertos internacionales, complementarán el panorama para intentar definir una política pública al respecto.

El diálogo regional contó con una masiva participación de la comunidad académica, sociedad civil y estudiantes en las instalaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad Industrial de Santander.

Tanto la viceministra como los miembros del CESU, José Consuegra (rector de la U. Simón Bolívar y representante por las universidades privadas) y Johana Pacateque (representante estudiantil de la U. Militar Nueva Granada y representante estudiantil en el CESU), fueron enfáticos en señalar que no existe ningún tema, texto o proyecto de ley avanzado al respecto, y que los diálogos buscan contextualizar la política de Estado que se requiere en materia de educación superior, más allá de una reforma a la Ley 30.

Es la primera vez que el país le apuesta a construir una política pública de educación superior, señaló Consuegra.

Los temas que se están analizando en los diálogos regionales.

 

"La actual y grave crisis en la Universidad Nacional es una tragedia anunciada y prevista"

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La afirmación es académico Víctor Manuel Gómez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, quien señala que la parálisis que sufre la Universidad por el bloqueo de los trabajadores administrativos debe llevar a revisar la manera como se realiza la gestión de las directivas y la manera como pueden intervenir los órganis de gobierno y sus representantes.

Para Gómez, "La actual y grave crisis en la Universidad Nacional es una tragedia anunciada y prevista. En efecto, desde noviembre del año pasado se habían presentado las reinvindicaciones salariales del personal administrativo y había surgido la amenaza de paro y bloqueo. Pasaron más de 3 meses sin soluciones y la amenaza se hizo realidad".

Surgen diversos interrogantes: ¿cuál ha sido la eficacia de la Rectoría y del CSU en atender y solucionar dicho problema? ¿Ha habido negligencia –o incompetencia- en los órganos de gobierno universitario en la solución del problema? ¿Requieren las universidades públicas otros modelos de gobierno universitario, distintos al actual, que garanticen eficacia en la toma de decisiones, verdadera representatividad de los estamentos y mayor legitimidad en la comunidad universitaria?

Estos interrogantes son válidos para todas las universidades públicas. A lo largo de más de 20 años de vigencia de la Ley 30 éstas han sido testigo inerme de la continua degradación de las condiciones económicas y académicas de funcionamiento. Sus sistemas de gobierno han sido incapaces - en tanto actor social - de generar fuerzas proactivas y propositivas frente a las políticas oficiales. Ni la UN ni las otras universidades públicas han ejercido un rol de liderazgo, en estos 21 años de desfinanciación y degradación de la universidad pública. Y un factor importante que explica esta pasividad y conformismo es la sobre-representación de agentes del gobierno en los CSUs y su efecto en la toma de decisiones, en la selección de rectores y en las políticas institucionales. Lo cual señala la escasa autonomía real de las universidades pues las principales directrices de política y de gobierno son condicionadas por los actores gubernamentales que controlan los CSUs, por tanto el proceso de toma de decisiones.

El sistema de gobierno vigente muy pocas veces es cuestionado en relación a su verdadera 'representatividad', eficacia y composición democrática. Y son escasas y poco debatidas las propuestas de reforma. Por ejemplo, hace 3 o 4 años se propuso en la UN la creación del Senado de Profesores, como alternativa a la representación unipersonal de este estamento, propuesta que murió de inanición por falta de interés del cuerpo docente de esa institución.

Es importante además señalar un claro sesgo analítico en las discusiones sobre las crisis de las universidades. Es más fácil - y más conveniente políticamente - señalar culpables externos (el gobierno, el neoliberalismo, el banco mundial..) que indagar sobre las carencias y falencias internas de  gobierno y de toma de decisiones. Se evita a toda costa el análisis 'internalista' y se culpa a los demonios externos, de tal manera que todo sigue igual al interior del sistema de gobierno, el que ha demostrado claramente su incompetencia y su sujeción a las políticas oficiales.

En esta nueva crisis institucional en la UN se hace necesario centrar el análisis en el sistema de gobierno vigente y en las alternativas posibles y deseables de nuevas formas de gobierno que respondan a imperativos de democracia universitaria, representatividad ampliada y eficacia. Sin cambios fundamentales en nuestro sistema de gobierno solo habrá que esperar sucesivas administraciones de crisis recurrentes, cada vez más fuertes y con efectos mas profundos sobre las universidades públicas.

Consulte: 'crisis de gobierno en las universidades públicas'

Tomado de: www.universidad.edu.co

Última actualización el Jueves, 04 de Abril de 2013 16:08

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